Entre chivos expiatorios y complicidades que nadie toca tras explosión de pipas en Tepeaca.
Aunque el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la SSP de Puebla, intente convencer a la opinión publica con la narrativa del “castigo ejemplar”, la realidad huele podredumbre , a gasolina robada y a impunidad institucional. Tras la explosión de cuatro tomas clandestinas en Tepeaca, la respuesta oficial fue la de siempre: relevos de comandantes y policías estatales porque “no estaban realizando bien su trabajo”. Una frase sacada del manual institucional , obligatoria , que sirve para cortar cabezas visibles y dejar intacto el cuerpo putrefacto del problema.
¿De verdad alguien supone que la explosión de cuatro pipas y cuatro bodegas clandestinas halladas aparecen de la noche a la mañana sin que existiera una red de protección mucho más amplia? Las tomas de huachicol no son obra de sujetos improvisado con una sierra y una manguera. Requieren conocimiento preciso de rutas, horarios, presión de ductos, vigilancia y, sobre todo, silencio cómplice de quienes deberían estar vigilando. Cuando el propio gobierno estatal reconoce que solo gracias a “denuncias anónimas” se detectaron los predios de almacenamiento, está admitiendo implícitamente que sus cuerpos de seguridad no estaban haciendo su trabajo.
Porque esa es la pregunta incómoda que nadie en Casa Aguayo quiere responder: ¿cómo es posible que Puebla y sus municipios siga siendo el epicentro del robo de combustible y el huachicol siga siendo un negocio tan próspero y tan visible en Puebla si no contara con protección desde dentro de las instituciones? No es casualidad que cada vez que explota una toma o se descubre un almacenamiento, la respuesta sea el mismo libreto: destituciones selectivas, operativos mediáticos y declaraciones grandilocuentes. Es el clásico mecanismo de chivo expiatorio: sacrifican al comandante de turno, al jefe de policía o a unos cuantos elementos, y con eso dan por “atendido” el tema. Mientras tanto, el ducto sigue sangrando, los ladrones de combustible siguen operando y, lo más grave, la ciudadanía sigue viviendo en la zozobra , pagando las consecuencias, que no busco, en seguridad y en medio ambiente.
El gobierno estatal de Alejandro Armenta , encabezado por una administración que prometió mano dura contra el robo de combustible , muestra un interés más que tibio en desmantelar de raíz esta industria paralela. Prefiere el espectáculo de la purga interna antes que una investigación profunda que podría salpicar a mandos medios y altos, o incluso a funcionarios con mayor peso político. Porque tocar el huachicol de verdad implica confrontar redes que no solo roban combustible, sino que corrompen policías, alimentan violencia y generan economías locales enteras basadas en la ilegalidad.
Relevar personal es fácil. Lo difícil es romper las cadenas de mando que permiten que las tomas clandestinas se multipliquen. Lo difícil es investigar de dónde salen los vehículos cisterna, quiénes financian las bodegas, qué funcionarios hacen la vista gorda y qué nivel de infiltración existe en las corporaciones. Mientras el discurso oficial se limite a “no estaban trabajando bien”, seguiremos viendo las mismas explosiones, los mismos incendios y las mismas promesas vacías.
Puebla no necesita más cabezas rodando para la tapar el sol con aun dedo . Necesita una depuración real, transparente y sin miramientos de sus cuerpos de seguridad. Necesita que el gobierno estatal deje de buscar chivos expiatorios y asuma que el huachicol no es solo un problema de “delincuentes”, sino también de instituciones capturadas o, en el mejor de los casos, negligentemente incompetentes.
Hasta que eso ocurra, cada explosión en Tepeaca, cada toma en el ducto, cada bodega clandestina será solo otro capítulo de la misma farsa: mucho uniforme, muchas declaraciones… y muy poca voluntad real de acabar con el negocio que sigue enriqueciéndose bajo las narices del Estado.
Al tiempo.
