La iniciativa de reforma al Código Fiscal, de Cobro de Derechos del Alumbrado Publico ,que presentaron los diputados Jorge Estefan Chidiac y Eduardo Alcántara Montiel en el congreso poblano , dificilmente pasará por ser impopular y por los costos políticos que indudablemente traería consigo su aprobación, principalmente entre los legisladores que pretendan darle el si.

Si bien es cierto que el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Poblano, Sergio Salomón en múltiples ocasiones ha manifestado que es una propuesta que se va a analizar y que no pretende crear un nuevo impuesto, sino clarificar el cobro del Derecho de Alumbrado Público y para dotar de mayores herramientas a los municipios, que permitan su mejor desempeño, la realidad es que cada vez son más la voces de los poblanos que se oponen a la aplicación y aprobación de esa reforma .

A través de los años el cobro de impuestos siempre ha generado controversias entre la población ; Los impuestos no son del agrado de nadie y si del repudio de muchos.Los impulsores de la reforma del DAP argumenta que es para dar claridad y transparencia , sin embargo si pretenden en la penumbra disfrazar un impuesto , dificilmente pasará
.
El cobro de impuestos debe ser meticuloso y sensible en comunas y ayuntamientos , y debe ser hecho para mejorar muchas cosas , principalmente en beneficio de los más marginados y elevar su calidad de vida , sin afectar a los ciudadanos , más aún en estos tiempos de pandemia, desempleo , incertidumbre económica y de una inflación incontrolable que vive el país y por su puesto Puebla .

Se presume que con el DAP , El cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), en el municipio de #Puebla sería desde los 3.5 y hasta los 15 pesos por viviendo, las empresas pagarán hasta 15 mil pesos por este concepto

Los diputados deberán ser sensibles y tener mucho cuidado mucho en los que se puede o no aprobar pero siempre teniendo el el análisis completo de la misma y por supuesto tener en mente a quién los llevó al congreso y que son los electores, la ciudadanía pues.

La ciudadanía va a juzgar a quién aprueba y no a quién la propuso (Barbosa, Rivera ) , eso es una realidad.

Los costos políticos de aprobar una reforma impopular pueden ser catastróficos para aspirantes a cargos de elección popular en el 2024 . Al tiempo

Los derechos y las responsabilidades que deben tener los ayuntamientos, deben priorizar y privilegiar el bienestar y seguridad de los ciudadanos. No hay más .