En el latir cotidiano de una ancestral Puebla , donde la historia colonial se entreteje con la realidad cotidiana, se esconde una tragedia que no deja de crecer en el tiempo presente : las desapariciones de personas. Tepeaca, el municipio más antiguo de la entidad y mejor conocido por su tianguis semanal y trueque , y su proximidad a la capital, se ha convertido en un foco rojo de este flagelo. El caso reciente de la menor Yolotzin Estrella Coyac Rosas, una niña de apenas 3 años desaparecida desde el 26 de febrero en el centro histórico de Tepeaca y que afortunadamente fue hallada con vida el pasado domingo 8 de marzo, ilustra no solo el dolor de una familia, sino la lentitud y los fallos sistemáticos en la respuesta gubernamental estatal para atender este mal.
Su desaparición fue reportada con un retraso inexplicable por parte de autoridades de varios días, por lo menos ocho, lo que permitió que el tiempo jugara en contra de cualquier búsqueda efectiva, exacerbando la angustia y reduciendo las probabilidades de un desenlace positivo ese momento
Este no es un incidente aislado. En Tepeaca, las desapariciones han escalado a niveles alarmantes, como lo ha revelado oportunamente TepeacaNoticias con hallazgos macabros como presuntas fosas clandestinas en comunidades como San Felipe Tenextepec, cerca de ductos de Pemex, que sugieren la intervención del crimen organizado en reclutamientos forzados o ejecuciones. Solo en julio del año pasado, un doble feminicidio en la zona, de una abogada y su asistente, dejó en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres y niñas, con cuerpos hallados en municipios colindantes cerca de Quecholac y Tecamachalco.
¿Cuántas vidas más se perderán antes de que el gobierno estatal reconozca que sus estrategias no están funcionando para reducir este mal ?
En Puebla, las estadísticas son demoledoras. En los primeros dos meses de 2026, se reportaron 25 mujeres desaparecidas, un incremento del 212.5% respecto al mismo periodo de 2025, cuando fueron solo ocho casos.
En total, durante enero y febrero, hubo 76 personas desaparecidas, con 68 aún sin localizar, lo que representa un aumento del 58% en casos no resueltos comparado con el año anterior.Para todo 2025, se acumularon 1,851 reportes de desapariciones, de los cuales 214 personas siguen sin ser encontradas, y 167 fueron halladas sin vida.
Estas cifras no son meros números; son familias destrozadas, comunidades aterrorizadas y una sociedad que pierde fe en sus instituciones.
El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, presume de una “efectividad del 95%” en la localización de personas, basándose en datos selectivos de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Afirman haber localizado a 9 de cada 10 desaparecidos desde diciembre de 2024.
Pero estas declaraciones chocan con la realidad: un aumento del 571% en desapariciones desde 2015 hasta 2025, con 356 casos solo en ese último año, concentrados en zonas como Puebla capital, Tehuacán, Amozoc y San Andrés Cholula.
Colectivos de familiares y activistas denuncian omisiones en las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Desaparición, donde los agentes del Ministerio Público actúan con lentitud e impunidad, dejando a las víctimas en el limbo.
El reclutamiento por parte del crimen organizado, a través de falsas ofertas laborales o engaños sentimentales, es una causa subyacente que el estado parece incapaz de combatir de raíz.
Esta ineficacia no es solo un fallo administrativo; es una violación sistemática a los derechos humanos. Mientras el gobierno invierte en protocolos y coordinaciones interestatales, las familias como la de Yolotzin Estrella deben recurrir a redes sociales y medios para amplificar su clamor, porque las alertas oficiales llegan tarde o no llegan. ¿Por qué se demoró el reporte en un caso tan sensible como el de una niña de 3 años? ¿Acaso la burocracia prioriza el papeleo sobre la vida humana?
Es hora de exigir más que discursos humanistas. Puebla necesita una reforma profunda en su sistema de búsqueda: mayor inversión en tecnología forense, capacitación para fiscales, y una colaboración real con colectivos de madres buscadoras, quienes han llenado el vacío dejado por el estado. Además, urge atacar las raíces del problema, como la infiltración del narco en regiones como Tepeaca, donde las fosas clandestinas son un recordatorio macabro de la impunidad.
Las desapariciones en Puebla no son inevitables; son el resultado de una negligencia que se puede corregir. De lo contrario, el estado no solo perderá personas, sino su legitimidad ante una sociedad harta de promesas vacías.
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